En momentos donde los actores políticos suelen estar más sensibles a las necesidades de la gente, aprovecho a contar esta historia, con el único propósito de encontrar una solución.
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Hace pocos días nos visitó en el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho una mujer de 42 años, que acababa de salir del CTI, con diagnóstico de Miastenia Gravis Refractaria, una enfermedad autoinmune neurológica crónica, progresiva e incapacitante definida como trastorno neuromuscular autoinmune que se caracteriza por extenuación y dolor muscular constante.
Entre las consecuencias más comunes de esta patología son, el riesgo de padecer “crisis miasténica”, situación grave en que se compromete el diafragma y llega a la insuficiencia respiratoria con intubación y asistencia respiratoria mecánica; y en la vida diaria imposibilidad de caminar, realizar ejercicio, mantenerse de pie, realizar acciones cotidianas del hogar; trabajar, alimentarse, higienizarse, respirar con normalidad, etc.
En virtud de su situación de salud, percibe un prestación de seguridad social del BPS de $27.536 mensuales.
El tratamiento que necesita tiene un costo mensual de $ 3.969, que no puede seguir afrontando (lo hizo durante un año con la ayuda de amigos y familiares).
La pregunta es: ¿será necesario llevar este caso a juicio, cuando el costo de movilizar el sistema judicial es muy superior a lo reclamado?
Uds saben que a nosotros no nos pesa hacerlo, pero:
¿vale la pena hacerla pasar por eso?
¿Vale la pena aumentar el costo para el Estado?
#cjudelar14
#traficantesdeilusiones