Hoy voy a resumir la tesis de DWORKIN sobre la ÚNICA RESPUESTA CORRECTA EN DERECHO. Me preguntó sobre este tema una querida silexiana (www.si-lex.es) en un curso reciente que impartí y quiero recoger aquí mi respuesta, siempre sometida a dudas y críticas, porque para eso somos profesores e investigadores y no hooligans sin seso ni reflexión.
La tesis de R. Dworkin sobre la única respuesta correcta nos dice esto, en resumen: si al sistema de las reglas (los enunciados normativos que encontramos como Derecho positivo y que leemos en el texto de la Constitución, de tal o cual ley, de este o aquel reglamento, etc.) le añadimos los principios que dan sus sentido de fondo y explican moralmente los contenidos positivos del sistema, entonces el sistema es completo (no tiene lagunas), es coherente (se disuelven las antinomias) y es claro (porque los principios dan respuesta objetiva unívoca a cualquier duda interpretativa que surja de las normas del derecho positivo). Evidentemente, el sistema de las reglas tiene lagunas, antinomias y e indeterminación semántica, pero, según Dworkin, si consideramos que el sistema jurídico es el sistema de las reglas más el conjunto de los principios inspiradores y fundamentadores de fondo, tal sistema completo ya no estará aquejado de ninguno de esos tres defectos.
Como la naturaleza última de los principios es moral, son tales normas morales las que perfeccionan el sistema jurídico, cualquier sistema jurídico, y hacen que en él haya una sola respuesta correcta para cada caso que un juez tenga que juzgar y aun cuando esa respuesta a veces será contra legem, porque en ciertos casos un principio del sistema derrotará a la norma positiva (regla o hasta principio expreso o positivado del sistema), lo cual ocurrirá cuando la solución jurídico-positiva sea contraria a la solución que el principio avala.
Por tanto, para Dworkin, hay en el fondo de cada ordenamiento jurídico una única respuesta correcta para cada caso porque por encima del Derecho positivo, y diga este lo que diga, está el conjunto de tales principios, que son a la vez jurídicos (son normas del Derecho, son normas del sistema jurídico aun cuando el legislador o el poder constituyente no los haya acogido expresamente o, incluso, si los contradice con algunas de sus normas positivas) y morales (su fuente última no es ninguna voluntad legislativa, ningún poder jurídicamente constituido o políticamente legitimado) sino la moral objetivamente correcta.
Dworkin dice que tal solución correcta para cada caso existe siempre y en cualquier sistema jurídico, aunque sea a veces muy difícil que el juez la encuentre. Y acaba convirtiendo ese postulado de la única respuesta correcta en una especie de peculiar presupuesto cuasi-trascendental del todo Derecho. Todo juez tiene que razonar y fallar dando por sentado que la respuesta única correcta para el caso existe y debe esforzarse para razonar bien y encontrarla, aun a sabiendas de que solo un juez perfecto, cuyo ideal imaginario bautiza Dworkin como el juez Hércules, conocería siempre y en cualquier caso dicha solución, que es la única objetivamente correcta y lo es, a la vez, desde el punto de vista del sistema jurídico y desde el punto de vista del sistema moral: es la jurídicamente correcta porque es la moralmente más justa. Por eso Dworkin y los dworkinianos niegan la tesis iuspositivista de la separación CONCEPTUAL entre Derecho y moral y por eso combaten la antonomía del Derecho frente a la moral, incluida la autonomía del Derecho democráticamente legitimado y formalmente constitucional.
Acabo con mi inevitable opinión malévola: hay dworkinianos que se mofan de la norma hipotética de Kelsen (que es, en Kelsen, un presupuesto de la validez del Derecho como categoría autónoma y diferenciadora de los sistemas jurídicos frente a otros sistemas normativos, como la moral) y que se tragan sin rechistar a Hércules, Dworkin y semejante maraña de afirmaciones inverosímiles. Cosas veredes.
Pero lo que sí es claro, creo, es que con este paso de poner algo así como los presupuestos cuasi-trascendentales de lo jurídico en la decisión judicial, se inicia una transición que ha puesto patas arriba nuestros sistemas constitucionales y que ha provocado una transferencia de soberanía del pueblo, de los cidadanos electores, a los jueces. Se ha pasado del control de validez de las normas del Derecho, como control de constitucionalidad o de legalidad (según el peldaño de la jerarquía normativa en que se esté) al control de aplicabilidad de las normas, convenciendo a los jueces de que pueden excepcionar lo que las normas positivas mandan para el caso (incluido lo que dicen las normas constitucionales), con solo decir que hay un principio que en ese caso pesa más o es más importante o simplemente se impone porque sí.
Pagaremos durante muchas décadas esta catástrofe y acabarán viendo muchos la triste verdad cuando sea tarde: por eso hay gobiernos y partidos que ya han captado que, si el poder no es del pueblo, sino de los jueces, hay que asegurarse el dominio político y social controlando a los jueces. Los jueces arrebataron el poder soberano al legislativo democrático -y al constituyente de base democrática- y los gobiernos están ahora quitando ya para siempre su poder a los jueces y no habrá nadie ya que, ley en mano, pueda controlar al que manda. Y así, de la mano de nuestros queridos iusmoralistas dworkinianos y de algún colega alemán que pensó que la Providencia nos mandaba principios envueltos en tests que venden en Amazon, volvió el autoritarismo, despuntó la tiranía y se jodió el Perú (y todos nuestros países). A lo mejor los Trump, Maduro, Milei, AMLO, Pedro Sánchez y compañía no son más que lectores avanzados de Dworkin y los dworkinianos.
Y nosotros pensando que al fin llegaba la justicia y resplandecían los derechos humanos. ¡Qué incautos e irresponsables hemos sido tantos constitucionalistas, iusfilósofos y aprendices de brujo con cátedra de ciencias jurídicas ocultas!